Nuestra postura en relación con el PIN parental
Como es de todos conocido, estamos en la actualidad asistiendo a la controversia generada por la introducción hace varios meses en la Comunidad Autónoma de Murcia del denominado “PIN parental”.
Dicha introducción no debe considerarse como una especie de privilegio reciente que adjudica a los progenitores (o a los tutores de los niños) la potestad de decidir sobre los contenidos de determinadas materias que, fuera de los contenidos estrictamente docentes (académicos? curriculares?), se vayan a exponer a los alumnos en el tiempo en que estos permanecen en el centro escolar. Lo que representa el mencionado PIN es la potestad de las familias para decidir si autorizan a los hijos de las mismas a asistir a sesiones no académicas para recibir una información con la que las citadas familias no están de acuerdo.
Ante la campaña desatada en España por determinados grupos políticos y grupos sociales en contra del establecimiento del PIN parental, Acción Familiar de Navarra desea dejar clara cuál es su postura al respecto.
Dicha postura no es otra que la de un total apoyo a que las familias puedan mantener la capacidad de decisión sobre el momento, modo y contenidos de las actividades no escolares que van a proponerse en los centros públicos o privados para completar la formación de los alumnos. Las razones fundamentales de nuestra postura son las siguientes:
1.- El derecho derivado de nuestra Constitución, que expresamente en un punto dice sobre los padres: “La Constitución española garantiza el derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. En ningún otro punto nuestra Constitución reconoce un derecho similar a los centros educativos, a los grupos políticos o Parlamentos o a algún grupo social defensor de otros puntos de vista.
2.- Nadie se opone a que ese mismo derecho se ejerza para otros actos o actividades no académicas que puedan proponerse desde los centros educativos tales como fotografiar a los alumnos, llevarlos de excursión,…etc. donde puntualmente las familias reciben unos impresos que han de firmar para manifestar su autorización. Está claro que eso, para algunos, no tiene que llevarse a cabo cuando tiene que ver con la sexualidad y máxime si viene impartido por colectivos que no pertenecen en absoluto al claustro docente.
3.- Los mismos que están apoyando semejante imposición organizarían un escándalo si en algunos centros educativos religiosos se adoctrinase a los alumnos en la religión católica sin conocimiento y permiso de los padres y, más aún, si la Religión (en general) no fuera una asignatura que formara parte del currículum académico oficial.
4.- Apoyamos los esfuerzos que se vienen haciendo en nuestro país para que haya una auténtica libertad de elección de criterios en la formación de los niños. Si, como recientemente, una ministra del Gobierno de España manifestó que los niños no pertenecen a sus padres, menos pertenecen a los políticos o a grupos sociales empeñados en implantar ideologías en forma de pensamiento único excluyente. Por otro lado, y como es de suponer (comenzando por los propios políticos), los padres desean lo mejor para sus hijos y hay que aceptar que sus criterios irán encaminados a que tengan la formación más adecuada con unos contenidos que, en su ejercicio de la libertad en el futuro, podrán cambiar si responsablemente estiman que deben modificar.
